20006

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL 
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO DE APELACIÓN Nº 118/2018 
EXPEDIENTE Nº110/2013-07
JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

ILMOS. MAGISTRADOS:

Dª. Manuela Fernández Prado
D. Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez
D. Ramón Sáez Valcárcel (ponente)

A U T O  nº  108 /2018

En Madrid, a 22 de febrero de 2018.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

	1º.- El pasado 24/10/2017, en el expediente reseñado relativo al interno D. Joaquín Mari Recio se dictó auto por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria desestimando el recurso de reforma contra auto 29/08/2017 que desestimó queja sobre cambio de módulo.
 
	2º.- Por la representación procesal del interno D. Joaquín Mari Recio se interpuso recurso de apelación contra el indicado auto, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien interesó su desestimación. 

	3º.- Remitidas las actuaciones a este Tribunal, se incoó el correspondiente rollo que se turnó de ponencia y, previa deliberación y votación de la misma, se ha adoptado la presente resolución.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º.- El Sr Mari Recio se queja de que lo han trasladado del módulo de respeto a otro módulo como sanción encubierta por haber formulado quejas ante el Juez de Vigilancia. Y resulta que esa es la razón de la decisión administrativa, según se desprende del informe del centro y del mismo auto recurrido. Dice el informe de la Subdirectora de tratamiento de la prisión de Castellón II: «el cambio de módulo obedece a que desde el Juzgado Central de Menores nos remiten escrito del interno (…) Esta afirmación que hace el informado, no solo de ser totalmente falaz, pone de manifiesto que carece de actitud necesaria para ser destinado o permanecer en un módulo de respeto (…)». El auto de fecha 29.8.2017 argumenta: «el expediente del interno pone de manifiesto la interposición de numerosas quejas de todo tipo que revelan la inadaptación a un tipo de módulo que tiene un alto nivel de exigencia y compromiso». 
Por lo tanto, la decisión administrativa es respuesta al ejercicio por parte del recluso de su derecho a acudir ante el juez para solicitar la tutela de sus derechos e intereses, lo que resulta constitucionalmente inaceptable. No solo porque a partir del ejercicio del derecho a la tutela judicial no se pueden extraer indicios sobre la adaptación o inadaptación del interno a una modalidad de vida en prisión, pues no es modelo de interno en un estado constitucional aquel que acata todas las decisiones administrativas y renuncia a su potestad de acceder al juez, razonamiento impropio de la función jurisdiccional, sino porque se vulnera la garantía de indemnidad que protege dicho derecho. 

	2º.- En efecto, como ha dicho la jurisprudencia constitucional, el art. 24.1 de la Constitución reconoce el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener una decisión fundada en derecho. Un derecho que se satisface mediante la actuación de jueces y tribunales, a cuyo servicio de encuentra la garantía de indemnidad: el ejercicio de la acción judicial, o de actos preparatorios o previos a ella, no puede producir consecuencias perjudiciales para el actor, ni en el ámbito de las relaciones públicas ni en las privadas (STC 14/1993, 125/2008, 6/2011, 183/2015). 
El traslado del módulo de respeto a otro ordinario, con las consecuencias perjudiciales que conlleva, como respuesta a las quejas planteadas por el recluso ante el juez vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que debe declararse nulo de pleno derecho, para reponer al Sr. Mari Recio en su situación anterior, y para ello estimar el recurso. 
	Por lo expuesto,

III.- PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: ESTIMAR el recurso formulado por D Joaquín Mari Recio contra el auto de 29/08/2017, que se deja sin efecto, y declarar nula la decisión del Director de la prisión Castellón II, ejecutada el 19/10/2016, de trasladarle del módulo MER 4 de estudios al módulo 11, por vulneración de derechos fundamentales debiendo reponerse al recluso en su situación anterior, es decir regresando al indicado módulo. 

 Devuélvase al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria el Expediente original, acompañado de testimonio de esta resolución y notifíquese a las partes y, una vez verificado, procédase al archivo de las actuaciones.

Auto que firman los magistrados que formaron Sala. Doy fe.