MANIFIESTO:

POR LA CIUDADANÍA Y LA PROFESIÓN

La abogacía de Castilla y León exige el final de la huelga en la Administración de Justicia

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), con el apoyo del Consejo Regional de Procuradores de Castilla y León, denuncia la situación actual de la Administración de Justicia, prácticamente paralizada por las sucesivas huelgas de letrados y funcionarios. Los decanos de los nueve colegios de abogados de la Comunidad comparten la preocupación por las graves consecuencias ocasionadas a ciudadanos, letrados y procuradores: retrasos en los procedimientos judiciales, suspensiones de juicios, vistas y actos procesales, y demoras en los nuevos señalamientos y en la respuesta judicial de los asuntos presentados.

El CACYL respeta plenamente el derecho a la huelga de los trabajadores, pero llama a la responsabilidad de las partes para llegar a una solución definitiva y hacer prevalecer el interés general y recuperar la normalidad de la actividad judicial. Es vital que no se perjudique irreparablemente a ciudadanos y a profesionales, quienes han visto en los últimos meses mermar de forma crítica sus ingresos y los del personal de sus despachos.

Desde el CACYL exigimos además que se informe con una antelación mínima de 24 horas de las suspensiones para evitar inconvenientes innecesarios, gastos y desplazamientos a las sedes judiciales.

La justicia continúa siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país. Como cualquier servicio público, debe ser rápida y eficiente, con una organización y dotación de medios personales, materiales y económicos de calidad. Además, ha de contar con retribuciones adecuadas y fomentar la promoción profesional, sin dejar de lado una clara determinación de las responsabilidades. Es necesario dignificar la Administración de Justicia; que sea accesible, transparente y transmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Nuestro colectivo siempre ha demostrado la máxima lealtad y colaboración en la mejora de este servicio público. Realizamos cada día una labor social esencial en el ámbito de la justicia gratuita. Por ello, reivindicamos el reconocimiento al trabajo realizado, la mejora de las condiciones de prestación del servicio y una retribución digna, que reconozca y compense todas las actuaciones e intervenciones derivadas del turno de oficio.

Los profesionales somos un elemento esencial de la Administración de Justicia y exigimos el más absoluto respeto a nuestra profesión, pero también a la ciudadanía, verdadera destinataria del servicio público. Apelamos por todo ello a la responsabilidad y a la urgencia de reconducir la situación y permitir recuperar el funcionamiento normal en la Justicia; un servicio esencial y pilar básico del Estado de derecho.

Burgos, 21 de junio de 2023