Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Persigue garantizar una adecuada protección de los clientes de entidades de crédito, mediante la implantación de medidas de transparencia en la prestación de servicios financieros.
    
  Compila en un texto único la normativa básica en materia de  transparencia,  regulando entre otros aspectos la información relativa a tipos de interés y comisiones, comunicaciones con el cliente, información (pre)contractual, servicios financieros vinculados, asesoramiento, préstamos responsables y transparencia del préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda.

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

La Ley profundiza en las “alternativas” al concurso o los denominados “institutos preconcursales", estableciéndose la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación y su extensión a los acreedores disidentes.

Se simplifica el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la liquidación, impulsando un verdadero procedimiento abreviado y ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio; se refuerza la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el concurso de acreedores.

Se introducen las modificaciones precisas en el procedimiento del artículo 64 de la Ley Concursal para coordinarlo con la reforma laboral efectuada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, resolviendo también las dudas en torno a la calificación de créditos contra la masa de los créditos salariales e indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral.

Se extienden los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único miembro, que no serán sólo los concursos abreviados, lo cual tiene una clara repercusión en el funcionamiento de la administración y en el ahorro de los costes que esto comportará.

Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

La ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales vino a incorporar a nuestro derecho la directiva comunitaria, Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
    La importancia de esta ley radica en que viene a suprimir la posibilidad de pacto entre las partes que modifique los plazos de pago y establecidos y las indemnizaciones previstas en caso de incumplimiento.
    Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la Administración, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
    Se establece un plazo máximo de pago en el sector público de 30 días, y de 60 días para los pagos entre empresas, que se aplicarán, en ambos casos, a partir del 1 de enero de 2013, si bien se establece un calendario transitorio. Así:
   - Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación:

• 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.

• 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

• 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

    - Para el caso de pagos entre empresas los plazos se ajustarán progresivamente conforme al siguiente calendario:

• Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.

• Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.

• A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.

Lo anterior no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.
    La trascendencia de esta ley radica en que dichos plazos serán de aplicación desde la entrada en vigor de la ley, que según su disposición final será al día siguiente de su publicación en el B.O.E. (6 de julio de 2010), por lo que su entrada en vigor se ha producido el día 7 de julio de 2010. En consecuencia para todos los contratos celebrados a partir de esa fecha no es posible establecer plazos de pago superiores.

ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DEL IVA
Julio 2010.-Ha entrado en vigor la subida del Impuesto del Valor Añadido (IVA) prevista en el artículo 79 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que postergaba los efectos de este precepto hasta el 1 de julio de 2010 ya que, según el propio texto de la Ley indica, “su fin no es tanto la suficiencia recaudatoria a corto plazo cuanto garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, de manera que su repercusión cuantitativa será bastante limitada en el próximo ejercicio”.
Concretamente, el tipo general del IVA, que grava, entre otros productos, la ropa y el calzado, se eleva del 16 al 18%; y el tipo reducido, que afecta a los alimentos en general, se incrementa del 7 al 8%. Sin embargo, el tipo superreducido, que se aplica a los alimentos básicos y de primera necesidad (como el pan o la fruta) se mantiene en el 4%.
A resultas de esta modificación, también la Ley 26/2009 incorpora un cambio en los porcentajes de compensación aplicables en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Esta nueva norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio, unifica en un solo texto toda la normativa reguladora de este tipo de sociedades en España y refuerza la seguridad jurídica en la materia. Así, recoge la normativa referente a la sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, las anónimas cotizadas y las comanditarias por acciones, poniendo fin a la insuficiente coordinación de los distintos tipos sociales.
Además, con este texto se sientan las bases del Derecho de sociedades español que, al concentrarse en un documento único, permitirá apreciar sus vicisitudes y posibles contradicciones en un momento en el que desde la Unión Europea se están tramitando normas, como el Reglamento de la Sociedad Privada Europea con impacto sobre nuestros tipos sociales.

Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de
pago y de las entidades de pago.

Desarrolla la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, avanzando así sustancialmente en el proceso de transposición de la Directiva mencionada, estableciendo un nuevo marco jurídico comunitario que armonizara y completara las fragmentadas disposiciones nacionales en relación con los servicios de pago

Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la
actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al
registro de franquiciadores.

Se mejora la regulación del registro estatal creado en 1998 que garantiza la centralización de los datos relativos a los franquiciadores, a los efectos de información y publicia. La llevanza del registro corresponderá a las comunidades autónomas donde los franquiciadores tengan su sede social Se definen las condiciones para que exista franquicia. Se da nueva regulación a la información precontractual 

Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comercialización de productos
agropecuarios y pesqueros para la alimentación y el Real Decreto 225/2006,
de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a
distancia y la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia,
para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.

Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la
venta ambulante o no sedentaria.

Conforme a la ley de comercio minorista, recientemente modificada, las actividades de servicios de distribución comercial no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, pero en lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se ha considerado necesario su mantenimiento así como la introducción de ciertas modificaciones, que a continuación se expondrán, en la medida que este tipo de actividad comercial requiere del uso de suelo público  suprimen, con respecto a la normativa anterior, los requisitos de naturaleza económica y los criterios económicos de otorgamiento de la autorización, entre otros, aquellos que supeditaban el otorgamiento de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, o a que se evaluaran los efectos económicos posibles o reales de la actividad, o a que se hiciera una apreciación de si la actividad se ajustaba a los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente.

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista.

Esta ley modifica la regulación comercial minorista para adaptarla a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, y dar así cumplimiento al derecho comunitario y en especial a lo previsto por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone la citada Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

Como novedades más relevantes se pueden destacar:

• En cuanto a la regulación del procedimiento de autorización, que coordinará todos los trámites administrativos para la instalación de establecimientos comerciales, se remite a la normativa de las Comunidades Autónomas. En todo caso, las autorizaciones se concederán por tiempo indefinido, se referirán únicamente a las condiciones del establecimiento físico, impidiendo que se exijan nuevas autorizaciones por cambio de titularidad o sucesión de empresas una vez que en su día se comprobara el impacto del establecimiento,

• Se suprime la autorización previa para ejercer la actividad de venta automática.

• Ayuntamientos otorgan las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales.

• Los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito de esta Ley deberán observar las normas sobre condiciones de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los desarrollos de la disposición final sexta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre

Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Ley se refiere únicamente a las actividades de servicios por cuenta propia que se realizan a cambio de una contraprestación económica

No se aplica esta Ley, siguiendo la Directiva, a los servicios financieros; los servicios y redes de comunicaciones electrónicas; los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios; los servicios de las empresas de trabajo temporal; los servicios sanitarios; los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos y la radiodifusión; las actividades de juego, incluidas las loterías; los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, proporcionados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas; y los servicios de seguridad privada,así como por los registradores de la propiedad y mercantiles, quedan fuera de su ámbito de aplicación. La Ley tampoco se aplica al ámbito tributario

Orden JUS/1291/2009, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación

Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
Modificación del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Solo modifica el  artículo 51.2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, que queda redactado en los siguientes términos:
2. Las Juntas Arbitrales de Consumo, en los términos que consten en los respectivos convenios de constitución, se podrán adscribir voluntariamente a la administración del arbitraje electrónico que se sustanciará, conforme a lo previsto en esta norma, a través de los sistemas electrónicos y aplicaciones tecnológicas que habiliten las respectivas Juntas Arbitrales de Consumo en el ejercicio de sus competencias. Estos sistemas electrónicos y aplicaciones tecnológicas deberán garantizar la compatibilidad y el intercambio de información en el seno del Sistema Arbitral de Consumo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Sanidad y Política Social pondrá a disposición de las Juntas Arbitrales de Consumo que voluntariamente se adscriban a ella una aplicación electrónica para la gestión del arbitraje electrónico.

Reglamento (CE), nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2.009, sobre la marca comunitaria

Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica

Comentario: Modifica la Ley Concursal (Ley 22/2003) en los siguientes aspectos:
- Publicidad del concurso artículos  12.1; 20.4, 21.1.5º, 21.5 pfo 1º, 23,24, 40.4 pfo2º, 140.1, 175.2, 198.
- Administración concursal artículos 27.4, 34.2, 83.2, 184.5
- -Reintegración de la masa y acuerdos de refinanciación artículos 28.6, 71.5, Disposición adicional 2ª apdo 2 a) y Disposición adicional 4ª 
- Reconocimiento y subordinación de crédito artículos 87.2, 87.6, 92.7º, 93.2.1º y 3º
- Convenio artículos 5.3, 15.3, 22.1, 100.1 pfo 2º, 105.1, 106.1, 11.2 pfo 1º, 115 bis, 124, 128, 129, 143.1.2º
-Liquidación anticipada artículos 75.2.3º y 142 bis
- También modifica el tipo de interés legal del dinero un 4% para el 2009 y establece el 5% como interés de demora

Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.

Real Decreto 487/2009, de 3 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Comentario: Esta Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, consistentes en la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social. Es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles salvo las cooperativas que se rigen por su ley.

Incorpora a la legislación española la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital; y juntamente con ella, la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas.

Amplía el régimen jurídico de las denominadas «modificaciones estructurales», entendidas como aquellas alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo.

Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.

Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.