DECRETO 61/2011, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León.

Con la promulgación de este nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley 1/ 2006 de Mediación Familiar de Castilla y León, se deroga el hasta ahora vigente Reglamento aprobado por Decreto 50/2007 de 17 de mayo, y la Orden FAM/1495/2007, de 14 de septiembre que  desarrollaba a éste en materia de mediación familiar gratuita.
De esta forma, se contemplan en el nuevo texto todas las modificaciones que hasta la fecha han ido teniendo lugar en el ámbito de la mediación familiar, actualizándose determinados aspectos de la misma.
El Reglamento desarrolla la Ley de Mediación Familiar de Castilla y León, considerando relevante destacar  alguno de sus aspectos:

• La formación en materia de mediación familiar, habiéndose llevado a cabo una actualización en las características y contenido mínimo de los cursos de formación en mediación familiar.
• Se incluye como novedad la posibilidad de solicitar la acreditación de los cursos de formación posteriormente a su realización; así, la formación puede justificarse  mediante la superación de un curso de formación acreditado, organizado o tutelado por instituciones universitarias o colegios profesionales, regulándose de forma detallada los requisitos necesarios para la acreditación de dicha formación ante la Dirección General competente en materia de familia; las personas que hayan realizado cursos no acreditados tienen igualmente la posibilidad de  homologar la formación realizada, mediante el cumplimiento de determinados requisitos.
• Se pretende desarrollar, favorecer y fomentar la mediación familiar gratuita, estableciéndose un sistema de turno de oficio de mediación gratuita que se organizará a nivel provincial.
• Igualmente se contempla en el Texto la regulación de todo lo relativo a la adscripción, funciones, organización, funcionamiento e inscripción en el Registro de Mediadores Familiares, tanto de las personas mediadoras familiares como de los equipos.
• El Procedimiento de mediación familiar, desde el inicio hasta su finalización, mediante la elaboración por el mediador del acta de la sesión final del procedimiento en la que constarán los acuerdos alcanzados. Deberá entregarse una copia dicha acta al abogado/os que vayan a encargarse  de la tramitación, en el caso de que las partes decidieran iniciar o continuar el correspondiente procedimiento jurisdiccional, a fin de que dicho abogado pueda hacer valer procesalmente los acuerdos alcanzados.
• El régimen  sancionador, de seguimiento e inspección de la actividad de mediación familiar, así como el establecimiento de los órganos competentes para llevar a cabo las funciones de inspección, iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores en este ámbito.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

Desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a «la valoración inmobiliaria», con el objeto de la mejora en el funcionamiento del mercado del suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, tratando de evitar con esta nueva regulación las prácticas especulativas que en ocasiones han tenido lugar en la utilización del mismo. El nuevo régimen de valoraciones que se establece tiene importancia, no sólo porque no habían sido desarrollados reglamentariamente los criterios de valoración de las legislaciones anteriores, sino también por el hecho de que, por primera vez desde que las Comunidades Autónomas asumieran las competencias exclusivas en materia de urbanismo, el Estado ha procedido a desarrollar reglamentariamente una Ley de Suelo.

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Esta Ley tiene por objeto la regulación de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias que se constituyen, como una unidad económica sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de dicha explotación, con el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural a través del reconocimiento jurídico y económico de su participación directa en la actividad agraria, diferenciándose entre la titularidad de la explotación y la titularidad dominical de los bienes y  derechos, cuyo régimen jurídico civil no se ve afectado en ningún caso.

La Ley prevé entre otras particularidades, que  los rendimientos generados por la explotación se repartirán al 50 por ciento entre ambos componentes, y  se regirán por lo dispuesto en el régimen económico matrimonial de los cónyuges o los pactos patrimoniales que, en su caso, hayan suscrito las parejas de hecho;  igualmente se regula, un derecho a la obtención de una compensación económica por parte de  las personas casadas o unidas por análoga relación de afectividad, que participen de manera efectiva y regular en la actividad agraria de la explotación y  que no reciban pago o contraprestación alguna por el trabajo realizado, ni se hayan acogido junto con su cónyuge o pareja de hecho al régimen de titularidad compartida previsto en la presente Ley, en los supuestos tanto de transmisión de la explotación como de extinción  del matrimonio o pareja de hecho, y que será exigible al otro titular de la explotación agraria o a sus herederos.

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros Tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Algunas de estas reformas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves; y otras están orientadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.

Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía

Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

 La Disposición Final Cuarta de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, modifica el apartado 6 del artículo 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos Ley 29/1994 de 24 de noviembre, ampliando la excepción de no prestar fianza a "las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados".

Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de inversión.

Esta Orden se dicta con el objeto de concretar el desarrollo de las habilitaciones al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores contenidas en el artículo 94 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para que determine los casos en que la publicidad de las actividades sujetas a la citada ley estarán sometidas a autorización o a otra modalidad de control administrativo a cargo de la CNMV, así como para aprobar, en general, las normas especiales a que habrá de sujetarse la publicidad. Y las habilitaciones contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 53/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, respecto de las actividades publicitarias dirigidas a promover la suscripción o adquisición de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.

Para ello en la Orden se define en qué casos la publicidad se somete al control de la CNMV, y qué ha de entenderse por publicidad, y se enuncian las normas especiales y los principios y criterios básicos que rigen la publicidad de los productos y servicios del mercado de valores habilitando a la CNMV para que proceda a su desarrollo mediante Circular.

El artículo 6 establece las facultades de control de la publicidad por parte de la CNMV, pudiendo requerir la cesación o rectificación de la publicidad que no se ajuste a la normativa o la inclusión de advertencias en dicha publicidad, así como recomendaciones a los inversores para que recaben información adicional sobre su naturaleza y características y la de realizar advertencias públicas por sí misma.

Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.

De conformidad con lo que establece su artículo 1 la presente orden tiene por objeto establecer las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria de los productos y servicios bancarios y habilitar al Banco de España para su desarrollo. Y ello superando el antiguo sistema de autorización previa establecido en la Orden del Ministro de Economía y Hacienda, de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, a la que deroga parcialmente, sustituyéndolo por un sistema de control de la publicidad basado en dos elementos: uno preventivo, a través de la elaboración de criterios específicos de la publicidad financiera que guíen su claridad y honestidad y de la exigencia de unos procedimientos y controles internos que tiendan a favorecer tal exigencia; y otro que permita la corrección de eventuales conductas inadecuadas, para lo cual el Banco de España podrá exigir el cese o la rectificación de la publicidad que no cumpla las previsiones de esta orden, y ello sin menoscabo de las acciones a que alude la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad, para la rectificación o cese de la publicidad ilícita.

Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1996, de 20 de marzo, de Patentes, con el fin de acomodarlo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
El artículo 12 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, modificó el art. 79 de la Ley de Patentes para facilitar la inscripción de las modificaciones de derechos sobre patentes y los modelos de utilidad registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, eliminando la exigencia de documento público en la formalización de las transmisiones y licencias.
El presente Real Decreto, a su vez, viene a modificar el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes aprobado por el Real Decreto 2245/1986, armonizando los requisitos de inscripción de modificaciones registrales para todas las modalidades de propiedad industrial y reforzándose la coherencia de la regulación.
Además actualiza el régimen de adquisición de la condición y del ejercicio de la actividad de agente de la propiedad industrial, y en concreto, como principal novedad se sustituye el régimen de autorización, por el de inicio de la actividad tras la presentación de una declaración responsable.

Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial

Añade una nueva Disposición Adicional Quinta a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional  por virtud de la cual se atribuye al  Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre).
Así como las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.
Simultáneamente modifica el apartado 4 del art. 9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial excluyendo del conocimiento de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

DECRETO-LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León.

Se modifican una veintena de leyes autonómicas para su adaptación a la Directiva de Servicios. Entre ellas se modifica la Ley 11/2003 de 8 de Abril de Prevención Ambiental y así, en el caso de actividades que  hasta ahora estaban sujetas a licencia y autorización ambiental integrada se ha sustituído la autorización de puesta en marcha por una comunicación de inicio de actividad.

También se modifica la Ley 1/2006, de 6 de Abril, de Mediación Familiar, la Ley 5/2009, de 4 de Junio , del Ruido o la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales entre otras.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Se adapta la legislación española a la aplicación de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Estos procesos tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, el hecho de que algunas normas sean más favorables que las de la legislación nacional obliga a introducir las modificaciones que permitan al acreedor residente en España no estar en peor situación que el residente en otro país de la Unión cuyo acreedor esté en España.
Cabe destacar de esta reforma que agilizará el cobro de deudas ante los tribunales, lo que resultará muy práctico en operaciones comerciales que afectan sobre todo a pequeños y medianos empresarios, y que elevará de 900 a 2.000 euros la cantidad para la que no es precisa la intervención de abogado y procurador en los procesos de escasa cuantía.
Además, mediante este anteproyecto también se procede a la reforma de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre de 2002, para permitir el devengo de la tasa judicial por la presentación del procedimiento monitorio en los términos y con las cautelas previstas en el artículo 25 del Reglamento Comunitario 1896/2006.

Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios

esquema de la Ley

Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.

ver extracto

Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.

ver extracto

Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial

• Dudas resueltas
• Extracto de reforma que afecta al Derecho Civil
• Extracto de reforma que afecta al Derecho de Familia
• Extracto de reforma sobre jurisdiccion Contencioso-administrativa
• Extracto de reforma que afecta al Derecho Laboral
• Extracto de reforma de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
• Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales.

Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

• Extracto de reformas